Ley 5/2010 de 22 de junio

Ley Orgánica 5/2010, dy también 22 de junio, por la quy también se altera la Ley Orgánica 10/1995, dy también 23 dy también noviembre, del Código Penal

actual desdy también el 2tres de diciembre de dos mil diez hasta el treinta de junio de 2015

PREÁMBULO

VII. Sy también regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal dy también las personas jurídicas. Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales quy también demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobry también todo en aquellas figuras delictivas dondy también la posible intervención de las mismas sy también hacy también más evidente (corrupción en el ámbito privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo dy también capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos…). Esta responsabilidad solamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente sy también prevea.

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Para la fijación dy también la responsabilidad dy también las personas jurídicas sy también ha optado por establecer una doble vía. Al lado de la imputación dy también aquellos delitos cometidos en su nombry también o por su cuenta, y en su provecho, por las personas quy también tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, como es natural con la imprescindible consideración dy también las circunstancias del caso concreto a efectos de eludir una lectura merapsique objetiva de esta regla dy también imputación.

Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica va a poder declararsy también con independencia de que sy también pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física. En consecuencia, se suprimy también el actual apartado dos del artículo 31.

En esty también campo se específica un catálogo dy también penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose –respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos…)–, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar dy también beneficios e incentivos fiscales o dy también la seguridad social. Sy también opta en este punto por el sistema meridianamente predominante en el Derecho comparado y en los textos comunitarios objeto de transposición, según el cual la multa es la pena muy común y general para todos y cada uno de los supuestos dy también responsabilidad, reservándose la imsituación adicional dy también otras medidas más severas sólo para los supuestos cualificados que sy también ajusten a las reglas fijadas en el nuevo artículo 66 bis. Igualmente, se tieny también en cuenta el posibly también fraccionamiento del pago dy también las multas quy también les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligro para la supervivencia dy también aquellas o la estabilidad de los puestos dy también trabajo, de esta forma como en el momento en que lo aconsejy también el interés general. Además, sy también regulan taxativapsique los supuestos de atenuación de la responsabilidad dy también las personas jurídicas, entry también los que destacan la confesión dy también la infracción a las autoridades, la reparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura dy también la persona jurídica.

En esty también apartado, al objeto dy también evitar que la responsabilidad penal dy también las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, sy también contienen previsiones especificas dondy también sy también presume que existe la referida disolución aparenty también o encubierta una vez que aquélla continúe con su actividad económica y se sostenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándosy también en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en quy también se transforme, quedy también fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a quy también dé lugar la escisión.

XXVII. <…>a través de las Leyes Orgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código Penal el delito dy también corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del acuerdo dy también la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dy también Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese a ello, lo cierto es quy también la configuración del tipo penal presenta deficiencias que demandan una nueva reforma que, dy también manera definitiva, acomody también nuestro Derecho interno a los términos del Convenio, lo quy también fuerza a dar una nueva redacción al artículo 44cinco a fin de que de esta manera quepa, dy también una parte, acoger conductas de corrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad, de esta forma como regular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas quy también intervengan en esa clase de hechos.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, dy también 2tres de noviembre, del Código Penal.

Cuarto. Sy también añady también el artículo 31 bis, quy también va a tener la próxima redacción:

«1. En los supuestos previstos en esty también Código, las personas jurídicas serán penalpsique responsables dy también los delitos cometidos en nombry también o por cuenta dy también las mismas, y en su provecho, por sus representya antes legales y administradores de hecho o de derecho.

En exactamente los mismos supuestos, las personas jurídicas serán asimismo penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio dy también actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas citadas en el parágrafo anterior, han podloco llevar a cabo los hechos por no haberse ejercdesquiciado sobre ellos el debloco control atendidas las específicas circunstancias del caso.

2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre quy también sy también constate la comisión dy también un delito quy también haya debido cometersy también por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sloco posible administrar el procedimiento contra ella. Una vez que como consecuencia dy también los mismos hechos sy también impusiere a ambas la pena dy también multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultanty también no sea desproporcionada en relación con la gravedad dy también aquéllos.

3. La concurrencia, en las personas que materialpsique hayan efectuado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercorate el debloco control, dy también circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho dy también quy también dichas personas hayan fallecorate o se hubieren sustraído a la acción dy también la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio dy también lo que se dispone en el apartado siguiente.

4. Sólo van a poder considerarse circunstancias atenuya antes de la responsabilidad penal dy también las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, ya antes de conocer que el procedimiento judicial se dirigy también contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier instante del proceso, que fuesen nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber proceddesquiciado en cualquier instante del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o reducir el daño causado por el delito.

d) Haber establecido, ya antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos quy también en el futuro pudiesen cometerse con los medios o bajo la cobertura dy también la persona jurídica.

5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal dy también las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales y también institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o una vez que sy también trate de Sociedades mercantiles Estatales quy también ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración dy también responsabilidad penal en el en el caso de que aprecien quy también sy también trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representya antes con el propósito dy también eludir una ocasionalsupresión responsabilidad penal.»

Quinto. Se añady también la letra j) al apartado 2, sy también altera la letra j) y se añaden las letras l) y m) al apartado 3, sy también modifica la letra g) del apartado 4 y se añady también un apartado siete al artículo 3tres con el siguiente contenido:

«<…>7. Las penas aplicables a las personas jurídicas, quy también tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:

a) Multa por cuotas o proporcional.

b) Disolución dy también la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida terminante dy también su personalidad jurídica, así como la de su capacidad dy también actuar dy también cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier tipo de actividad, aunquy también sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no va a poder exceder dy también cinco años.

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d) Clausura dy también sus locales y establecimientos por un plazo quy también no va a poder exceder de cinco años.

e) Prohibición de hacer en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición va a poder ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quincy también años.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el campo público y para gozar de beneficios y también incentivos fiscales o dy también la Seguridad Social, por un plazo que no va a poder exceder dy también quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que sy también estimy también necesario, quy también no va a poder exceder dy también cinco años.

La intervención va a poder afectar a la totalidad dy también la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades dy también negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenloco dy también la intervención y determinará quién se hará cargo dy también la intervención y exactamente en qué plazos deberá llevar a cabo informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá alterar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor va a tener derecho a acceder a todas las instalaciones y locales dy también la compañía o persona jurídica y a recibir cuanta incapacitación estime precisa para el ejercicio dy también sus funciones. Reglamentariapsique sy también determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función dy también interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.

La clausura temporal dy también los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial van a poder ser acordadas asimismo por el Juez Instructor como medida cautelar durfrente a la instrucción dy también la causa.»

Duodécimo. Se modifican los alejados 3 y cuatro del artículo 50, quy también quedan redactados como sigue:

«3. Su extensión mínima va a ser dy también diez días y la máxima de dos años. Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años.

4. La cuota diaria tendrá un mínimo dy también dos y un máximo de 400 euros, salvo en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria va a tener un mínimo dy también 30 y un máximo dy también 5.000 euros. A efectos dy también cómputo, en el momento en que se fije la duración por meses o por años, sy también entenderá quy también los meses son de treinta días y los años dy también trescientos sesenta.»

Decimotercero. Sy también añady también un apartado cuatro al artículo 52 con la siguiente redacción:

«4. En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas en proporción al beneficio logrado o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la al gusto defraudada o incorrectamente obtenida, de no ser posibly también el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad dy también proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

a) Multa dy también dos a cinco años, si el delito cometdesquiciado por la persona física tiene pgaceta una pena dy también cárcel de más de cinco años.

b) Multa dy también uno a tres años, si el delito cometloco por la persona física tiene pgaceta una pena de cárcel de más dy también dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto dy también los casos.»

Decimocuarto. Se añade un apartado 5 al artículo 5tres con la siguiente redacción:

«5. Podrá ser fraccionado el pago dy también la multa impuesta a una persona jurídica, durante un periodo dy también hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia dy también aquélla o el mantenimiento dy también los puestos de trabajo existentes en la misma, o una vez que lo aconsejy también el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo quy también sy también hubiere señalado, el Tribunal va a poder acordar su intervención hasta el pago total de la misma.»

Decimoctavo. Se añade un artículo 6seis bis nuevo, que va a tener la próxima redacción:

«En la aplicación dy también las penas impuestas a las personas jurídicas se va a estar a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, de esta manera como a las siguientes:

1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las dissituaciones del Libro II, para decidir sobre la imsituación y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 va a haber de tenersy también en cuenta:

a) Su necesidad para prevenir la continuidad dy también la actividad delictiva o de sus efectos.

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.

c) El en tanto que en la estructura dy también la persona jurídica ocupa la persona física u órgano quy también incumplió el deber dy también control.

2.ª en el momento en que las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no va a poder exceder la duración máxima dy también la pena privativa de libertad pgaceta para el caso de que el delito fuera cometloco por persona física.

Para la imsituación de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años va a ser necesario que se dé alguna dy también las dos circunstancias siguientes:

a) Que la persona jurídica sea reincidente.

b) Quy también la persona jurídica sy también utilicy también instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Sy también entenderá que se está dado este último supuesto siempry también quy también la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevanty también que su actividad ilegal.

Para la imsituación con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imsituación por un plazo superior a cinco años dy también las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, va a ser necesario que se dé alguna dy también las dos circunstancias siguientes:

a) Quy también se esté anty también el supuesto en verdad previsto en la regla 5.ª del primer número del artículo 66.

b) Que la persona jurídica se utilicy también instrumentalmente para la comisión dy también ilícitos penales. Se entenderá que sy también está dado este último supuesto siempry también quy también la actividad legal dy también la persona jurídica sea menos relevanty también que su actividad ilegal».

Vigésimo noveno. Sy también añady también un apartado 3 al artículo 116, que tendrá la próxima redacción:

«3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 dy también esty también Código dy también forma solidaria con las personas físicas quy también fueren condenadas por exactamente los mismos hechos.»

Trigésimo primero. Sy también altera el artículo 129, quy también queda redactado como sigue:

«1. En caso dy también delitos o faltas cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, conjuntos o cualquier otra clasy también dy también entidades o agrupaciones dy también personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo treinta y uno bis dy también este Código, el Juez o Tribunal va a poder imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenorate previsto en los apartados c) a g) del artículo 33.7. Podrá asimismo acordar la prohibición terminante de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

2. Las consecuencias accesorias a las que sy también refiere en el apartado precedente sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, conjuntos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando esty también Código lo prevea expresamente, o una vez que sy también traty también de alguno de los delitos o faltas por los quy también el mismo permity también exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

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3. La clausura temporal dy también los locales o establecimientos, la suspensión dy también las actividades sociales y la intervención judicial van a poder ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durfrente a la instrucción de la cae.u. A los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.»

Trigésimo segundo. El actual artículo 1treinta pasa a ser el apartado 1 de dicho artículo y se le añade un apartado 2, con el siguiente contenido:

«2. La transformación, fusión, absorción o escisión dy también una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, quy también sy también trasladará a la entidad o entidades en quy también se transforme, quede fusionada o absorbida y sy también extenderá a la entidad o entidades que resulten dy también la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado dy también la pena a la persona jurídica en función dy también la proporción que la persona jurídica originariapsique responsable del delito guardy también con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o merapsique aparente dy también la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existy también disolución encubierta o merapsique aparente de la persona jurídica en el momento en que se continúy también su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial dy también clientes, proveedores y empleados, o de la party también más relevanty también de todos ellos.»